Tumaco: La marcha de la desesperación
Notas de la visita realizada los días 7 y 8 de septiembre por Minga e Indepaz a Tumaco, en el marco del proyecto Monitoreo Ciudadano Internacional del Modelo de Acción Integral – Washington Office on Latin America (Wola), el Centro para la Política Internacional (CPI), la Asociación MINGA y el Instituto de Estudios para el Desarrollo (INDEPAZ).
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En Tumaco como en otras regiones del país, la Diócesis local organizó, del 11 al 19 de septiembre de 2011, la Semana por la Paz bajo el lema Por la Dignidad de las Víctimas, verdad, justicia y reparación integral. Pero este año, simultáneamente se realizarán dos eventos especiales. El primero la conmemoración de los 10 años del asesinato de la hermana Yolanda Cerón, y el segundo la Movilización Cívica Multitudinaria, llamada por una de las personas entrevistadas la Marcha de la desesperación.
La memoria en la Semana por la Paz, 2008 y 2011.
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El paro convocado por sectores económicos, con el apoyo de la Alcaldía, declaró el 15 de septiembre como día cívico no laborable, su objetivo principal denunciar y decirle NO a la nueva forma de violencia que se ha tomado al segundo puerto del Pacífico: la extorsión a todas las actividades económicas, grandes y pequeñas de Tumaco y los ataques con artefactos explosivos contra aquellos que se niegan a pagar.
Según datos de la Cámara de Comercio, como efecto de este tipo de extorsión, durante 2010 se cerraron 271 establecimientos comerciales y en lo que va corrido del año se han cerrado 71. Se señala como autores a los grupos neo paramilitares: Los Rastrojos y Las Águilas Negras, a los que se identifican con los paramilitares provenientes del Urabá (Los reconocen como los de “Medellín” en alusión a rearmados del Bloque Libertadores del Sur de las AUC. comandado por el extraditado Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano.) También las milicias de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, y la delincuencia común. En los últimos meses por lo menos tres establecimientos fueron objeto de ataques con explosivos, así como contra unidades de la Policía y de la Fuerza Pública, a la fecha de este informe se registran 9 policías, 3 militares y 9 civiles muertos. De igual forma, han aumentado los secuestros y asaltos de personas que se movilizan por vía marina.
La desesperación y la desesperanza de los tumaqueños se agudizan ante la incapacidad de las entidades civiles y militares del Estado de prevenir estos hechos y de proteger a la población civil. Ello pese a que desde el año 2004, con recursos de la asistencia de Estados Unidos para Colombia, se ejecuta en ese municipio la Acción Interagencial, primero a través del Centro de Coordinación de Acción Interagencial – CCAI, convertido en 2010, en Centro de Fusión, y recientemente bajo el nuevo gobierno nacional transformado en Centro de Coordinación de la Política de Consolidación Territorial (PCT). Tampoco ha logrado disminuir la violencia el Plan Troya Pacífico, instalado en mayo de 2011 por el Presidente Santos en Tumaco, con el fin de combatir las denominadas bandas criminales.
Por el contrario, en varios sectores se señala que el aumento de la militarización en Tumaco producida por el Plan Troya (nueva Brigada Fluvial de Infantería de Marina No. 4, integrada un batallón de comando y un batallón de asalto fluvial y refuerzo de 1.400 hombres; bajo esta nueva Brigada estarán los Batallones No 10 de Guapi, el Batallón de Infantería de Marina No 70 de Tumaco y los Batallones de Asalto y Apoyo), así como la presencia de 2.400 integrantes de 10 de los 30 Escuadrones Móviles de Carabineros encargados de erradicar manualmente los cultivos de coca (cada Escuadrón se compone de 120 policías y 120 erradicadores). Como resultado ha incrementado la crisis humanitaria de Tumaco y municipios vecinos, así como los combates, las zonas minadas y los enfrentamientos, entre otras situaciones que afectan a la población civil. Por vía de ejemplo, según los coordinadores de la PCT, entre 2009 y mayo de 2011 se produjeron “41 incidentes en la erradicación (30 hostigamientos, 8 campos minados, 1 emboscada y 2 accidentes), con un saldo de 18 policías heridos y 2 muertos, y 8 erradicadores heridos y uno muerto”.
El balance de la seguridad en Tumaco es muy pobre, durante los siete años de ejecución de esta política sólo se ha logrado la estabilización del 9% (24) de las 262 zonas y está por recuperar el 60% restante (Tabla 1 y mapa 1). Particularmente en las zonas rurales es muy fuerte la presencia de las Farc, Los Rastrojos y Las Águilas Negras, que se disputan territorios y corredores para el tráfico de drogas. Estas disputas por el control territorial y social se han trasladado a la zona urbana de Tumaco y sus enfrentamientos se replican en gran parte de los barrios pobres y asentamientos urbanos. La lucha por el dominio del litoral nariñense es causa de desplazamientos, masacres, homicidios, amenazas, entre otras violaciones de derechos humanos.
Mapa 1. Estado de la consolidación territorial | ||
Fuente: PCT, 2011.
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La crisis económica y el narcotráfico
A pesar de la presencia de más de 20 agencias de cooperación que promueven proyectos de sustitución de coca y proyectos productivos, el desempleo y la falta de ingresos es la constante en Tumaco. Prueba de ello son los 15 mil mototaxistas que se ganan la vida día a día, trasladando de un lugar a otro a los pobladores de Tumaco. La crisis económica se agudiza, de una parte, porque el municipio sigue recibiendo la población desplazada de las zonas rurales como efecto de las disputas por el control de los territorios por parte de guerrillas y paramilitares, los combates entre la fuerza pública y los armados ilegales, y las estrategias de erradicación forzada de cultivos de coca que afectan el sustento diario y no ofrecen alternativas económicas de sustitución. Precisamente la crisis humanitaria afecta particularmente a los pueblos indígena Awa y a las comunidades afros, especialmente a las mujeres, niños y niñas y jóvenes quienes son cotidianamente víctimas de reclutamiento forzado y o empujados a ser usados como informantes y campaneros que con un celular avisan sobre los movimientos en el barrio, estos jóvenes también son usados para el microtrafico local.
La pobreza, la falta de oportunidades y el peso familiar someten también a muchas mujeres cabezas de hogar victimas en su mayoría, a situaciones de explotación laboral por parte de empresas comercializadoras de pescado, horarios extenuantes, sin ninguna protección laboral, ni de seguridad social, situación que fue denunciada por varias organizaciones de mujeres de Tumaco. Las madres cabeza de familia se ven obligadas a realizar trabajos en condiciones indignas y con baja remuneración (a las concheras – recolectoras de piangua- les pagan entre 9 a 11 mil pesos por 100 conchas, en una actividad que exige jornadas de más de 8 horas, a pleno sol, sin salir de los manglares, a las limpiadoras de camarón pasan todo el día de pie para ganar $ 1.200 por kilo. Además las tumaqueñas se vinculan – a diferencia de otras regiones- a todas las actividades de la industria de la palma en condiciones que demandan tiempo y esfuerzo no compensado de manera equitativa con las de los hombres).
Mujeres tumaqueñas en la palma.
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La crisis económica se agudizó por la pudrición del cogollo, enfermedad que azotó más de 28 mil hectáreas de palma de grandes, medianos y pequeños productores, la principal actividad económica en Tumaco desde los años 60.
La industria de la palma en Tumaco.
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También por los fracasos en la promoción de cultivos de cacao, plátano y yuca, entre otros, debido a situaciones como no garantizar su comercialización y mercadeo o porque muchos de ellos son afectados por las fumigaciones aéreas con químicos. A lo anterior se suman, la ausencia de sectores productivos generadores de empleo formal y el aumento de la informalidad (ventas callejeras, peluquerías, etc.); las limitaciones a las actividades pesqueras por razones de seguridad, la contaminación del mar y la competencia de naves ecuatorianas en aguas colombianas y, en los últimos años, la extorsión a todos los negocios, formales e informales que han obligado a su cierre. Así la frase más frecuente escuchada es “me toca cerrar e irme pues no tengo como pagar la vacuna”. A los que no se van y no pagan son víctimas de los atentados terroristas descritos anteriormente y que originan “la Marcha de la desesperación”.
La informalidad laboral en Tumaco.
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En un círculo vicioso, la ausencia de oportunidades económicas, empuja al campesinado y comunidades afros e indígenas a los cultivos de coca, no obstante ser Tumaco el epicentro de los programas de erradicación forzada aérea y manual, y ser objeto de 9 años de fumigaciones indiscriminadas y continuas, el municipio es hoy el mayor productor de coca: 5.025 hectáreas (casi las mismas que en 20029 y el mayor productor de cocaína: 21% del total nacional (SIMCI, 2010).
Mapa 2 y Gráfico 1. Cultivos de coca en Tumaco | ||
Fuentes: PCT, 2011 y SIMCI, 2010.
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La cocaína continúa saliendo por los puertos de Tumaco, este tráfico se desarrolla no solamente en áreas rurales y de difícil acceso, se presenta intensamente en barrios aledaños a la principal base antinarcóticos del sur del país, y a pesar de la numerosa presencia de militares colombianos y estadounidenses. La lucha entre grupos armados por estos pequeños y clandestinos puertos y salidas al mar desde los barrios populares y de invasión, la mayoría ubicados en la comuna 4 y 5, refleja la pobre acción estatal para el control de este comercio ilegal que ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos a los habitantes de estas comunas. En general los muertos de esta guerra son casi siempre jóvenes de los barrios populares más pobres, algunos vinculados a estos actores armados, otros son conductores de lancha que bajo amenaza o por lograr algún ingreso se vinculan a actividades ilegales, es común también que campesinos y pescadores inocentes sean asesinados porque no se acogieron a los horarios de llegada, no pidieron permiso y son considerados informantes del lado contrario. Impacta además la sevicia que se emplea en algunos casos con la cual son torturados y asesinados, aumentando el terror en las comunidades.
Son insuficientes además, los controles para combatir el contrabando de gasolina de Ecuador, la que se utiliza para las embarcaciones y vehículos del municipio, legales e ilegales, como para el procesamiento de la cocaína. El tráfico de las drogas se favorece además por el ingenio de los artilleros de la zona, que se han especializado en construir los semisumergibles (embarcaciones que permiten violar los controles policiales y militares), únicos en el mundo.
El desplazamiento forzado y las fronteras invisibles
Hasta las cifras oficiales son contundentes. El número de personas desplazadas de Tumaco se incrementó desde el año 2006. Si bien se observa un decrecimiento en 2010 frente a lo sucedido en 2009, subsisten las denuncias en torno al subregistro (negativa de las autoridades a aceptar como desplazados a afectados por las fumigaciones, personas que por encontrase afectadas sicológicamente no pueden precisar los hechos o personas que no declararon el éxodo dentro del primer año, entre otras situaciones).
Gráfica 2. Desplazamiento en Tumaco 2002 — 2010 |
Fuente: Acción Social, 2011.
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Los éxodos forzados son individuales y masivos: En 2011, como efecto de los combates entre unidades antinarcóticos de la Policía y las FARC, 30 familias huyeron del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera (OCHA, 2011).
Además se acrecienta el desplazamiento interurbano. El narcotráfico es la causa del incremento de violaciones y desplazamientos entre los barrios localizados en las tres islas que conforman el Archipiélago de San Andrés de Tumaco. Las disputas por el control de las rutas de cocaína, insumos y armas, especialmente en los barrios de orilla – los que están junto al mar- han producido que grupos familiares se desplacen entre barrios y entre las islas. El sector más afectado es el de la Ciudadela conformado por 15 barrios, la mayoría de desplazados a causa del conflicto armado o por la grave situación económica producida por las fumigaciones aéreas. (La Ciudadela, 11 de Noviembre, Buenos Aires, California, El Carmelo, El Porvenir, Exportadora, Iberia, La Paz, Obrero 1, Unión Victoria, Unión Victoria 3-4, Viento Libre, Viento Libre 1, Viento Libre 2, Viento Libre 3, hacen parte de la Comuna 5, considerada por Agencias de Cooperación y organizaciones sociales como una de las más conflictivas de Tumaco.)
Mapa 3. Archipiélago de San Andrés de Tumaco |
En varios de estos asentamientos se denuncian situaciones graves de confinamiento, en Viento Libre y Panamá, por ejemplo, no pueden ingresar agencias de cooperación, organizaciones de derechos humanos ni entidades públicas, incluyendo la Policía. El éxodo interbarrial se origina en diferentes causas, entre ellas asesinatos a personas conocidas en la comunidad; amenazas si se violan las reglas de tránsito o entrada de personas desconocidas; la violencia contra las mujeres; el reclutamiento forzado, y el uso de los niños y niñas como mandaderos e informantes. Durante la visita fue frecuente escuchar sobre barrios en donde sus habitantes no pueden atravesar las calles vecinas a sus viviendas, situación que se conoce popularmente como fronteras invisibles, en donde una calle es el referente de división y nadie entra o sale sin permiso del actor que domine el sector. De igual forma, fue frecuente la denuncia sobre el pago de pequeñas sumas de dinero ($5 mil pesos US$ 2) a niños, niñas y adolecentes por el transporte de armas en sus maletas escolares. Muchos de estos menores luego son inducidos a consumir drogas y a ingresar a los grupos armados ilegales.
El desfuturo y la riqueza de la niñez y la adolescencia tumaqueña.
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En 2011 se han producido varios casos de desplazamiento interurbano, entre ellos, el más reciente de 16 familias del barrio Panamá, uno de los más violentos que hace parte del sector conocido como la Ciudadela. Varias de las familias desplazadas se ubicaron en el Barrio Brisas del Aeropuerto y una fue apoyada por la Alcaldía para trasladarse al Ecuador. No sobra decir, que la mayoría de los barrios de Tumaco se localizan en zonas de alto riesgo de desastres naturales, lo que agrava la situación de marginalización y exclusión, en la medida en que en muchos de ellos no es posible instalar los servicios públicos básicos de energía, alcantarillado y recolección de basuras y aseo.
Abandono: militarización, marginalidad y pobreza.
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Es común identificar en Tumaco que un mismo hogar se haya desplazado más de dos veces, con el agravante de que muchos de ellos están a cargo de mujeres a quienes les asesinaron o desaparecieron sus cónyuges o compañeros.
Los territorios étnicos
Del total de la población de Tumaco (183.006), el 54,2% habita en la zona urbana y 45,8% rural. Estos últimos hacen parte de los 15 Consejos Comunitarios afiliados a Recompas y de los 12 Resguardos indígenas de los pueblos Awa y Eperara Siapidara que ocupan el 48,21% y el 18,26% del territorio, respectivamente.
Territorios colectivos de Alto Mira y Frontera y Rescate las Varas.
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El reconocimiento de los derechos territoriales de los grupos étnicos en Tumaco ha estado marcado – como en el resto del país – por la violencia y el despojo administrativo y judicial (participación de funcionarios en apropiación ilegal e ilegítima de tierras). Son varios los líderes en las reclamaciones de tierras asesinados y amenazados. Pero sin lugar a dudas, el caso más emblemático es el de la Hermana Yolanda Cerón, asesinada el 19 de septiembre de 2010 frente a la iglesia La Merced en el Parque Nariño de Tumaco. Si bien, alias Pablo Sevillano, ex comandante del Bloque Libertadores del Sur, reconoció este hecho, su muerte continúa en la impunidad, puesto que aún no se ha esclarecido quienes ordenaron el crimen. La hermana Yolanda abanderó las luchas por los territorios colectivos de las comunidades negras contra sectores que se apropiaron de tierras para la siembra de palma, la ganadería y la acuicultura, entre otras actividades. El trabajo de la Pastoral Social Indígena y de la hermana Yolanda fue fundamental para la constitución de los resguardos al pueblo Awá y la titulación colectiva de 264.836 hectáreas a las comunidades negras. Pero igualmente son la causa de las amenazas a la Diócesis de Tumaco y la muerte violenta de Yolanda.
Algunas de las personas entrevistadas recordaban que después del paro en la Vía la Panamericana en 1996, en el que el último punto de las peticiones se refería a la titulación de los territorios tradicionalmente ocupados por las comunidades negras, aumentó el desplazamiento y el asesinato de líderes -entre ellos Francisco Hurtado cuando efectuaba el censo para que se reconocieran los derechos del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera- y, con ello la compra y apropiación de tierras facilitada por la ausencia de títulos de propiedad. Este Consejo continúa siendo objeto de desplazamientos y otras violaciones de sus derechos. Por un lado, las empresas palmicultoras Palmeiras y Salamanca aún no han retornado las tierras a sus legítimos dueños, pese a la orden del Incoder. Por el otro, en su territorio hace presencia Asominuma, organización que ha sido denunciada por forzar el desplazamiento de los nativos y de sus líderes, usurpar sus espacios de decisión y representación, y repoblar el territorio con personas provenientes de otras zonas del país. Estas dos situaciones, hacen parte del Plan Estratégico de la PCT en la línea de fortalecimiento de la gobernabilidad de las comunidades negras. Sin embargo este no es el único caso. En otros títulos colectivos de afro descendientes e indígenas (Bajo Mira y Rosario, entre otros), son recurrentes las denuncias de empresarios que corren las cercas para ampliar sus propiedades. (Ver: Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional.)
La inseguridad en la tenencia de la tierra se debe al atraso en los procesos de titulación y a prácticas consuetudinarias – las tierras se heredan a los hijos sin que medien procesos de sucesión-. En Tumaco, desde hace 22 años se suspendieron los procesos de titulación, situación que por ejemplo afecta de manera especial a las más de 1.200 familias que habitan en la zona de carretera a Pasto. En esta línea, el PCT también ha gestionado ante el Incoder descongelar 800 solicitudes de titulación.
Violencia sexual y feminicidios
Se denuncia también que la grave situación de miseria y pobreza en Tumaco y violaciones de derechos humanos, es aprovechada abiertamente por militares colombianos y de Estados Unidos al promover con su dinero la prostitución infantil y de jóvenes locales en el sector de la playa del Morro (lugar donde residen en los hoteles famosos del sector). Similares denuncias se presentan en las zonas rurales en las que se encuentran los erradicadores de coca.
Además la militarización de Tumaco por parte de armados legales e ilegales, nacionales e internacionales es relacionada por varios de los entrevistados con el aumento de la violencia sexual y los feminicidios. De esta situación no escapan los municipios vecinos, pero es poco lo que se denuncia y lo que se hace público.
El temor de denunciar es la causa de que no existan cifras oficiales sobre los delitos contra mujeres, niñas y adolecentes, ni sobre su posible utilización por parte de los grupos armados para golpear a sus adversarios. En esa medida, mientras que agencias de cooperación, miembros de la Diócesis y organizaciones de mujeres dan cuenta del aumento de asesinatos y otras violaciones contra las mujeres (entre ellas violencia sexual, desaparición forzada, tortura y asesinato con sevicia), las instancias civiles y militares, incluyendo, las de la PCT, son enfáticas en señalar que se trata simplemente de “rumores” que generan un imaginario colectivo de terror contra la mujer. Para las mujeres habitantes de los barrios dominados por los nuevos paramilitares, se trata de retaliaciones entre bandas que se ensañan con la mujer al ser compañera o tener alguna relación afectiva con el otro contrario. La incertidumbre en la materia se refuerza por la desconfianza en las instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía. La desconfianza sobre la Fiscalía no es exclusiva de las víctimas y pobladores de Tumaco. Algunos funcionarios públicos confirmaron su presión ante la Fiscalía General de la Nación para que las investigaciones se trasladen directamente a Bogotá.
Desesperanza femenina.
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Organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional, así como la Diócesis reciben frecuentemente denuncias sobre amenazas contra las personas que denuncian. Además, en los casos de delitos contra las mujeres, los fiscales, en su mayoría provenientes del centro del departamento, revictimizan a las niñas y mujeres víctimas por patrones y estereotipos clasistas, machistas y racistas. En la visita de MINGA e INDEPAZ, se contó el caso de un Fiscal que ante la denuncia de una menor violada, su respuesta fue: “ya que eso le pasó, que se dedique a `pichar´ pero con condón”. En otros casos, consideran que las agresiones contra las mujeres son un “delito menor” frente a casos de homicidios y actos terroristas que merecen atención prioritaria.
La consolidación en Tumaco
Según funcionarios de la Alcaldía y del PCT, luego de la visita a la zona por parte de WOLA, CIP, MINGA e INDEPAZ (Seguridad y planes de consolidacion), se realizaron reuniones en las que participaron miembros de los Consejos Comunitarios agrupados en Recompas, con el fin de divulgar la PCT y definir el Plan Estratégico, en sus tres líneas: i) Protección, justicia y seguridad, ii) recuperación económica y reducción de indicadores de vulnerabilidad y iii) fortalecimiento institucional y comunitario. Asimismo se crearon instancias de coordinación y se focalizaron las áreas de intervención (12 resguardos indígenas localizados en 43 veredas, 15 Consejos Comunitarios en 191 veredas y 2 Corregimientos Espriella y Llorente que comprenden 25 veredas).
Sede del Centro de Coordinación de la PCT.
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Como principales aprendizajes de los 7 años de la consolidación en Tumaco se señala la necesidad de vincular a los entes locales y a las comunidades, la articulación entre la PCT con las demás entidades del Estado y el modelo de intervención en el Consejo Comunitario Rescate Las Varas. De igual forma, se ha evidenciado que las mayores dificultades se presentan en la primera línea, particularmente en lo que respecta al acceso a la justicia. Como ya se mencionó, ante las deficiencias de la Fiscalía local, las investigaciones contra miembros de las denominada bandas emergentes se envían a Bogotá. Además, pese a las solicitudes de los coordinadores de la PCT, no se han designado jueces especializados en ese municipio.
En materia de recuperación económica, el avance de la PCT consiste en hacerse parte de iniciativas en curso, lideradas por las autoridades de los Consejos Comunitarios con el apoyo de la Gobernación de Nariño y de la cooperación internacional, principalmente de USAID. Este es el caso del Programa “Si se Puede” en el Consejo Comunitario Rescate de Las Varas que impulsa la Gobernación y que el Centro de Coordinación considera el Modelo de Intervención de la Consolidación. Se trata del único Consejo Comunitario en el que de manera voluntaria se erradicaron los cultivos de coca, los que se reemplazaron por proyectos productivos que se acompañan de acciones para el de fortalecimiento de la gobernabilidad del Consejo (En la próxima entrega sobre la Consolidación en Tumaco se presentará una nota complementaria sobre la visita a esta experiencia).
Otras iniciativas en curso en las que se ha incorporado la PCT son: i) el proyecto dirigido a la conservación de los bosques – Guardabosques del Pacífico en el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera; ii) el Proyecto Monte Bravo, inicialmente liderado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y la FAO, posteriormente asumido por USAID- ADAM y ahora por ARD, en los Concejos Comunitarios de Chagüí, Rosario y Mejicano; iii) la siembra de cacao y coco en Alto Mira y Frontera, Acapa y otros Consejos de la Ensenada de Tumaco; iv) la renovación de los cultivos de los pequeños productores de palma asociados a Cordeagropaz y a Palmasur, y v) la constitución de la Sociedad Agraria de Transformación para el cultivo, procesamiento y comercialización de mariscos – USAID – Gobernación de Nariño. (Ver: Estados Unidos continúa apoyando a familias vulnerables en Tumaco. Febrero de 2011.)
Adicionalmente, la PCT hizo parte del proyecto de la Alcaldía de Tumaco Fortalecimiento de Procesos de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el casco urbano y ha apoyado la construcción de obras de infraestructura como la construcción de la casa de gobierno del Consejo Comunitario de Bajo Mira en Imbilí, el acueducto y la vía Chilví – Robles en el Consejo Rescate Las Varas, el muelle de Candilejas de la Mar y la vía Junín- Barbacoas, los tres últimos con la participación de ingenieros del Ejército.
La consolidación en Tumaco también se ha vinculado al programa de apoyo a la renovación de los cultivos de palma del Ministerio de Agricultura; y al fortalecimiento de la pesca artesanal, la titulación de baldíos en la carretera a Pasto y la recuperación de los territorios ocupados del Consejo Comunitario de Alto Mira, acciones que adelanta el Incoder.
Gráfico 3. Zonas de intervención de la Consolidación en Tumaco |
Fuente. PCT, 2011.
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Retos de la PCT
Dentro de los grandes retos de la Política de Consolidación en Tumaco, al igual que en otros municipios del país, se encuentra su articulación con los alcaldes que serán elegidos en octubre y que iniciarán sus labores en enero de 2012. Ello demanda ajustar el Plan Estratégico de la Consolidación a los nuevos planes de gobierno y de desarrollo municipales e involucrar a las autoridades locales en la implementación de dicha política. Lo anterior sólo será posible una vez se defina desde el nivel central la restructuración de la Política Nacional de Consolidación Territorial y los mecanismos para garantizar su publicidad y difusión de manera que sea una política que se implemente garantizando la información, la participación y el control por parte de las comunidades, las entidades locales y los organismos de control.
Asimismo, la PCT tendrá que avanzar en la recuperación de las zonas que continúan bajo el control de los armados ilegales, paramilitares y guerrillas y en evitar que su accionar en los municipios vecinos se recrudezca y continúe siendo causa de graves y sistemáticas violaciones de derechos que minan sus resultados. No debe perderse de vista que Tumaco es el tercer municipio receptor de población desplazada de municipios vecinos como Olaya Herrera, Barbacoas, Francisco Pizarro y Roberto Payán, entre otros, en los que se ha incrementado la crisis humanitaria derivada de los enfrentamientos por controlar el occidente de Nariño. Esta nueva población agudiza la violencia, el desempleo y la inseguridad en Tumaco. Por ejemplo, se han registrado casos de personas asesinadas en Tumaco luego de que huyeron de sus sitios de origen. En fin, focalizar la consolidación en un municipio sin mirar lo que pasa a su alrededor no parece ser lo ideal para asegurar los objetivos de seguridad y bienestar de la Política de Consolidación.
Frente a casos de presuntas violaciones de los derechos de niños, niñas y mujeres, es fundamental que la PCT inicie acciones que faciliten y propicien las denuncias, investigaciones y sanciones a los responsables, en los términos ordenados por la Corte Constitucional (auto 092 de 2009), de lo contrario no sólo se invisibilizan dichas violaciones sino que su impunidad puede acrecentarlas. De igual forma, la defensa de los derechos territoriales de los grupos étnicos en la que se ha comprometido el Centro de Coordinación, particularmente en el Consejo de Alto Mira, debe contribuir a dar cumplimiento a los órdenes de la Corte contenidas en los autos 004 y 005 de 2009, sobre los que son incipientes los desarrollos en Tumaco.
Otro reto de la PCT es contribuir a que en la titulación de baldíos en la carretera que conduce a Pasto no se beneficien los actores del despojo, ni los abogados que quieren aprovecharse de la ignorancia y el estado de necesidad de las comunidades, en menoscabo de los derechos de los nativos y sus reclamaciones.
PCT – Política de Consolidación Nacional de la Prosperidad Democrática 2010 – 2014 – Mas allá de la seguridad Democrática 2002 – 2019. La Política se define como “un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano”. No “es una entidad sino una instancia de coordinación interagencial”. Y, por lo tanto, se expresa igualmente en su capacidad de gestionar recursos”. Hace parte de la Doctrina estadounidense de Acción Interagencial de coordinar recursos y acciones de las áreas militares con las sociales, y es beneficiaria de recursos económicos en lo militar y social de Estados Unidos. Se adelanta en 12 departamentos y 58 municipios, tres de ellos en Nariño: Tumaco, litoral pacífico, y Leyva y Rosario, zona Andina. |
Fuente: Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre el avance en la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia t-025 de 2004, Bogotá, junio de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 (Ley 1450/11, e informes y entrevistas. y documentos sobre la PCT.
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